El Tribunal Supremo de California ha ratificado una decisión histórica que permite a las empresas de la economía gig tratar a sus trabajadores como contratistas independientes y no como empleados. Este veredicto largamente esperado representa una gran victoria para empresas como Uber.

La decisión del tribunal superior del estado es un duro revés para los grupos de derechos laborales que durante años han intentado derogar una polémica ley llamada Propuesta 22. Esta ley permite a las empresas de la economía gig tratar a sus trabajadores como contratistas independientes, algo que los ciudadanos de California respaldaron decididamente en el año 2020.

Proposición 22 liberó a las empresas del cumplimiento de una nueva ley estatal que habría clasificado a sus trabajadores como empleados y, en su lugar, otorgó a los trabajadores el derecho a prestaciones de salud limitadas y una garantía de ingresos mínimos.

Uber erklärte, die Entscheidung vom Donnerstag bestätige „den Willen der fast 10 Millionen Kalifornier, die dafür gestimmt haben, den Fahrern historische Vorteile und Schutzmaßnahmen zu bieten, während ihre Unabhängigkeit gewahrt bleibt“.

Uber declaró que la decisión del jueves confirma "la voluntad de casi 10 millones de californianos, que votaron para ofrecer a los conductores beneficios históricos y medidas de protección mientras se mantiene su independencia".

Empresas como Uber y Lyft hicieron una intensa campaña a favor de la propuesta antes de la votación de 2020, argumentando que cualquier obligación de tratar a los trabajadores como empleados representaría una amenaza existencial para sus negocios. Financiaron gran parte de una campaña de 200 millones de dólares para apoyar la medida, que contrastaba con los grupos laborales que expresaron una fuerte oposición a la Proposición 22.

Empresas como Uber y el servicio de entrega de comida DoorDash advirtieron que cualquier obligación de reclasificar a los conductores como empleados requeriría un cambio fundamental en sus modelos de negocio. Un cambio de este tipo causaría "gastos adicionales significativos" y probablemente resultaría en "considerables aumentos de precios para los pasajeros," dijo Uber en mayo.

Las empresas de la economía gig también argumentaron que un cambio de este tipo podría llevar a que conductores y mensajeros abandonen las plataformas, ya que estarían sujetos a contratos laborales estrictos y no tendrían la flexibilidad de trabajar cuando quisieran.

Die Freiheit der Fahrer, „wann und wie sie arbeiten wollen, ist nun fest in das kalifornische Recht eingraviert und beendet fehlgeleitete Versuche, sie in ein Beschäftigungsmodell zu zwingen, das sie überwältigend nicht wollen“, sagte Uber am Donnerstag.

La libertad de los conductores, «de trabajar cuándo y cómo quieren, está ahora firmemente grabada en la ley de California y pone fin a los intentos mal dirigidos de obligarlos a un modelo de empleo que abrumadoramente no desean», dijo Uber el jueves.

Vor dem Urteil schätzten Analysten von Jefferies, dass eine Aufhebung von Proposition 22 zusätzliche Kosten für Lyft, DoorDash und Uber von etwa 300 Millionen, 1 Milliarde und 1,1 Milliarden Dollar im Jahr 2025 verursacht hätte. Die Unternehmen hätten etwa 85 Prozent dieser zusätzlichen Kosten teilweise durch höhere Gebühren ausgleichen können, was jedoch die Nachfrage verringert hätte.

Traducción del encabezado al español:

Antes del fallo, los analistas de Jefferies estimaban que la anulación de la Proposición 22 habría generado costos adicionales para Lyft, DoorDash y Uber de aproximadamente 300 millones, 1 mil millones y 1.1 mil millones de dólares en 2025. Las empresas podrían haber compensado parcialmente alrededor del 85 por ciento de estos costos adicionales a través de tarifas más altas, lo que, sin embargo, habría reducido la demanda.

La decisión de la Corte Suprema marca la última fase de un desafío de años en los tribunales de California por parte de conductores individuales y el sindicato Service Employees International Union, que intentaron anular la Propuesta 22.

Uber y Lyft acordaron en junio pagar juntos 175 millones de dólares para resolver una disputa legal de larga data en el estado de Massachusetts sobre si los conductores deberían ser clasificados como empleados o contratistas independientes. Aunque los conductores allí seguirán siendo contratistas independientes, las empresas acordaron otorgarles una serie de beneficios, incluyendo prestaciones de salud limitadas y una garantía de ingresos mínimos.