Morgan Stanley acordó pagar una multa de 2 millones de dólares para resolver las acusaciones de que la empresa no supervisó adecuadamente si las ventas de acciones de un ex alto directivo de First Republic Bank se basaban en información privilegiada, informó el regulador de valores de Massachusetts el viernes. La multa resulta de las ventas de acciones realizadas justo antes del colapso del banco regional de California.

Aunque el nombre del gerente afectado no se menciona en el acuerdo, las ventas descritas coinciden con las de James Herbert II, fundador y ex presidente de First Republic. Herbert vendió acciones por un valor de más de 6,8 millones de dólares en febrero y marzo de 2023, poco antes de que el precio de las acciones del banco cayera drásticamente. Finalmente, First Republic colapsó y el banco fue vendido a JPMorgan Chase después de un acuerdo mediado por la Comisión Federal de Seguros de Depósitos (FDIC).

Herbert y otros ejecutivos de First Republic vendieron acciones por un valor total de más de 10 millones de dólares en los primeros meses de 2023. Estas ventas también son objeto de una demanda colectiva que acusa de uso de información privilegiada a los ejecutivos.

Morgan Stanley wurde vorgeworfen, mehrere Warnsignale übersehen zu haben, die eine genauere Überprüfung der Aktienverkäufe hätten auslösen sollen. Laut dem Vergleich habe das Betrugserkennungsteam des Unternehmens nicht die notwendigen Fähigkeiten besessen, um einfache Internetrecherchen durchzuführen, was die Aufsicht erschwert habe. Morgan Stanley gestand keine Schuld ein, erklärte sich jedoch bereit, seine Überwachungspraktiken zu verbessern.

Morgan Stanley fue acusado de pasar por alto varias señales de advertencia que deberían haber desencadenado una revisión más detallada de las ventas de acciones. Según el acuerdo, el equipo de detección de fraudes de la empresa no tenía las habilidades necesarias para realizar búsquedas simples en internet, lo que dificultaba la supervisión. Morgan Stanley no admitió responsabilidad, pero acordó mejorar sus prácticas de supervisión.

El caso marca el primer acuerdo importante con una autoridad de supervisión en relación con las turbulencias en el sector bancario regional del año pasado, que llevaron al colapso de varias bancos y a pérdidas significativas para el fondo de la FDIC.