La Unión Europea inicia investigaciones contra los gigantes tecnológicos estadounidenses Apple, Meta Platforms y Alphabet, la empresa matriz de Google. Estos pasos marcan las primeras aplicaciones del nuevo Digital Markets Act (DMA), una ley integral de competencia digital que entró en vigor a principios de este mes. La UE acusa a las empresas de posiblemente no cumplir plenamente con las nuevas normas destinadas a fortalecer la competencia en el espacio digital y proteger a las pequeñas empresas.
Las investigaciones anunciadas por la comisaria de competencia Margrethe Vestager se centran en distintos aspectos de la conducta empresarial de las compañías. Se está examinando a Apple y Google para determinar si permiten a los desarrolladores informar a los usuarios sobre ofertas alternativas fuera de sus tiendas de aplicaciones. La Comisión Europea expresó preocupaciones con respecto a las restricciones que estas empresas imponen a los desarrolladores para comunicarse con los usuarios y promocionar sus ofertas. Adicionalmente, la Comisión está investigando si Google favorece sus propios servicios en los resultados de búsqueda y cómo Apple maneja las reglas que deberían facilitar a los usuarios la eliminación de aplicaciones de software y el cambio de configuraciones predeterminadas.
Meta está siendo investigada por su plan de "Pagar o Aceptar", el cual impone una tarifa de suscripción mensual a los usuarios europeos que no consienten el uso de sus datos para publicidad dirigida. Meta defiende este modelo como un modelo de negocio establecido en muchas industrias.
Las investigaciones se inscriben en un panorama más amplio de desafíos regulatorios para empresas tecnológicas estadounidenses a nivel mundial. La UE subraya que el anuncio de las investigaciones no significa que se aprueben automáticamente otras compañías que han presentado sus planes para cumplir con el DMA. Las investigaciones buscan determinar si las empresas afectadas han infringido las nuevas normativas que buscan hacer el mercado digital más justo y abierto. En caso de incumplimiento, podrían imponerse sanciones de hasta el 10% de la facturación global de las empresas.
